En un país donde los papeles pueden decidir el destino más que los méritos o los sueños, el Gobierno de España ha sacudido el tablero político —y ético— con un gesto inédito en los últimos veinte años: una regularización extraordinaria para más de medio millón de personas que, hasta ahora, eran invisibles para el sistema, aunque muy visibles para la realidad.
Ocurrió el 27 de enero de 2026, y no es casualidad que sea justo ahora. Tras meses de debates, silencios cómplices y pasillos cargados de firmas (más de 700.000, para ser exactos), el Consejo de Ministros aprobó el inicio de la tramitación de un Real Decreto que reconoce lo evidente: en España hay cientos de miles de personas que viven, trabajan, sufren y aman… pero sin permiso para existir legalmente.
Legalizar lo real: cuando la ley decide mirar de frente
El acuerdo, fruto del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, parte de una premisa poderosa y algo incómoda: regular lo que ya es. No para premiarlo, sino para no castigarlo más. Porque detrás de cada cifra hay una historia que no cabe en un Excel: madres que limpian hogares ajenos mientras el suyo se mantiene en el limbo; jóvenes que dominan tres idiomas pero no pueden firmar un contrato; obreros que construyen la ciudad sin poder habitarla plenamente.
El Estado, por una vez, ha decidido que ignorar esta «realidad social existente» era más costoso —moral, social y económicamente— que reconocerla. La medida afectará a quienes ya residían en España antes del 31 de diciembre de 2025. Eso sí, no bastará con estar: habrá que demostrarlo, vivirlo y sobrevivirlo, con documentos, empadronamientos, recibos, contratos o incluso con cicatrices burocráticas.
Y aunque aún faltan los detalles finales, se sabe que los solicitantes deberán haber permanecido al menos cinco meses en el país, carecer de antecedentes penales y tener documentos que acrediten su estancia. Incluso quienes estén esperando una respuesta de asilo podrán acogerse al proceso si cumplen con los requisitos.
Un permiso que es mucho más que papel
Lo más revolucionario es lo más simple: la mera solicitud abrirá las puertas a trabajar y residir legalmente desde el primer momento, y suspenderá cualquier amenaza de expulsión. Un alivio para quienes vivían con el corazón encogido ante cada control policial, cada visita al buzón, cada paso en falso.
El permiso inicial durará un año, renovable según la normativa de extranjería. Pero su verdadero valor es simbólico: es el reconocimiento institucional de que esas vidas importan, que no son prescindibles ni descartables, y que el país que las acogió a medias, ahora debe hacerlo por entero.
¿Quiénes podrán optar a la regularización?
Aunque el texto final del Real Decreto se formalizará en los próximos días, las fuentes oficiales y análisis especializados apuntan a una serie de requisitos que deberán cumplir los solicitantes para ser considerados en este proceso:
Requisitos principales
- Residencia anterior a diciembre de 2025: La persona extranjera debe acreditar que se encontraba residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025.
- Periodo de estancia mínima: Se exigirá haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Esta permanencia puede acreditarse mediante empadronamiento, recibos médicos, contratos u otros documentos públicos o privados.
- Ausencia de antecedentes penales: No contar con antecedentes penales relevantes en España ni en países anteriores de residencia.
- Documentación válida para acreditar estancia: Estar en disposición de aportar documentos oficiales o privados que prueben la presencia continuada en España durante los plazos mencionados.
- Aplicación también a solicitantes de asilo: Quienes estén en proceso de solicitud de asilo se podrán acoger igualmente al mecanismo siempre que cumplan con los requisitos de estancia y no tengan impedimentos legales.
Historia cíclica, memoria selectiva
Para encontrar un precedente de esta magnitud hay que retroceder hasta 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a casi 578.000 personas. Entonces también hubo voces que aplaudieron y otras que auguraban el apocalipsis. Hoy, muchos de los entonces regularizados son parte imprescindible de la economía, la cultura y la demografía de España. Pero el olvido tiene buena memoria selectiva.
Organizaciones como Cáritas, la Conferencia Episcopal Española o REDES han apoyado la medida sin reservas. Lo llaman un acto de justicia social. Otros, en cambio, lo tildan de “efecto llamada”, como si reconocer derechos fuera una invitación al caos y no un intento tardío de ordenar la casa.
El contraste es nítido: mientras unos ven peligro, otros ven dignidad. Mientras unos temen una avalancha, otros celebran una reparación.
¿Y ahora qué?
El Real Decreto aún no se ha publicado en el BOE, pero el camino está trazado. Hasta el 30 de junio de 2026, miles de personas podrán presentar su solicitud y, con ella, la esperanza de dejar atrás el limbo legal y entrar —aunque sea por la puerta trasera— en la normalidad administrativa.
Lo interesante, sin embargo, no es la norma, sino lo que revela: que durante años, España convivió con una contradicción escandalosa: necesitaba a estas personas, pero no las reconocía. Como quien vive de un río subterráneo sin querer llamarlo agua potable. La regularización de 2026 no es un gesto de generosidad. Es una corrección. No convierte a España en un país más “abierto”, sino en un país algo más honesto con su propia realidad.
Y quizás, solo quizás, este paso permita imaginar un futuro donde la extranjería no sea una trampa, sino una etapa. Donde la integración no sea un premio, sino una consecuencia natural de convivir. Donde la legalidad no sea un privilegio, sino un punto de partida. Porque regularizar no es regalar. Es reconocer. Y ese verbo, en política, es de los más difíciles de conjugar.
